Hay muchas cosas que mejorar de la Ley de Startups, pero una de las más sangrantes es la fiscalidad de las stock options.
Un ejemplo.
Una ingeniera recibe opciones de una startup. Años después las ejerce: paga 10.000 € y recibe acciones valoradas en 210.000 € según la última ronda.
Ha ganado 200.000 € sobre el papel. En su cuenta bancaria, ni un euro.
Si la empresa no cumple los requisitos del régimen especial, esos 200.000 € pueden llegar a tributar como salario en especie. A tipos marginales cercanos al 50%, la factura fiscal puede superar los 80.000 €, incluso aplicando la exención general cuando corresponda.
Y hablamos de acciones de una empresa privada que quizá nunca pueda vender. Si la startup fracasa, puede perderlo todo.
En Reino Unido existe el régimen EMI: si se cumplen sus requisitos, el empleado no tributa al recibir ni al ejercer las opciones, sino cuando vende las acciones, como ganancia de capital. Si la empresa fracasa antes de generar una plusvalía, no paga impuestos por una ganancia inexistente.
En España, la Ley de Startups mejora la situación: eleva la exención a 50.000 € y permite diferir la tributación hasta diez años. Pero solo para empresas que cumplen determinados requisitos. Y el exceso sigue siendo renta del trabajo, aunque las acciones no se hayan vendido.
La solución debería ser sencilla: tributar cuando se vende, no cuando se recibe un papel. Y hacerlo como ganancia de capital.
Para todas las startups, no solo para las certificadas.
Porque si queremos que nuestras startups compitan por el mejor talento, no podemos penalizar a quienes aceptan cobrar parte de su remuneración asumiendo el riesgo de que la empresa fracase.