En Piura la extorsión ya es una herramienta de gobernanza criminal.
En el distrito de Castilla, asentamiento humano Chiclayito (
#Piura), presuntos sicarios acribillaron la camioneta en que se desplazaba toda una familia: padre y sus tres hijos. Sujetos armados a bordo de motocicletas, interceptaron el vehículo y realizaron más de 20 disparos.
Venganza por detonante judicial.
El padre de familia, Rigoberto Goyes Girón, era un testigo clave en un proceso judicial. Debía comparecer ante la justicia para declarar por el asesinato de otro de sus hijos ocurrido meses atrás. Su testimonio era clave para mantener tras las rejas a integrantes de una bandas criminal local.
Según la viuda de la víctima, los autores serían integrantes de la banda criminal "Los Portilla", que opera en ese distrito. Por ende, el ataque ejecutado sería para silenciarlo.
Nexo de la extorsión.
El origen del conflicto con la organización criminal que los perseguía, sería por haberse resistido al cobro de extorsiones por actividades del comercio al que se dedicaba la familia en el Mercado Modelo de Piura.
Hegemonía local de bandas.
A pesar de las intervenciones del
@MininterPeru y los continuos patrullajes integrados en Piura, la criminalidad en el distrito de
#Castilla, opera bajo una dinámica de recomposición rápida, control territorial fragmentado y un alto nivel de impunidad, lo que neutraliza el impacto a largo plazo de los operativos policiales.
El distrito de Castilla cuenta con zonas críticas (como
#Chiclayito, Campo Polo y El Indio), donde operan facciones y clanes criminales familiares ("Los Portilla"). Cuando la
@PoliciaPeru desarticula una banda o captura a un cabecilla, no se erradica el problema; Si bien genera un vacío de poder; pero desata disputas sangrientas entre mandos medios o grupos rivales para continuar con el control del cobro de cupos y las zonas de microcomercialización de droga.
Extorsión sistemática.
La extorsión, ya se va convirtiendo en una herramienta de gobernanza criminal. El reciente cuádruple atentado familiar, evidencia que las organizaciones criminales aplican una violencia desmedida no solo para castigar el impago; sino para coaccionar a todo el sistema de justicia, eliminando testigos claves y amedrentando a las víctimas para que no denuncien.
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